El Ministerio de Transporte trabaja en decreto que transformaría a vehículos de placas blancas

El Ministerio de Transporte trabaja en decreto que transformaría a vehículos de placas blancas.

Por: BOGOTÁ

 9:49 p.m. | 27 de mayo de 2014



Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Camionetas están prestando el servicio de transporte público colectivo de manera ilegal. 

El Ministerio de Transporte trabaja en un decreto que, de salir adelante, promete meter en cintura a empresarios y propietarios de vehículos de transporte especial, más conocidos por sus placas blancas y que por ley solo están autorizados para prestar servicios escolares, empresariales o de turismo.

El documento, que aún está siendo socializado con los afectados, se discute en momentos en que la expedición de este tipo de matrículas pareciera estar fuera de control, propiciando la prestación de servicios no autorizados como el de transporte público colectivo (cobrando por pasajero) sin que se cumplan los requerimientos mínimos de seguridad. (Lea también: Caos en vías bogotanas por controles a camionetas blancas)

En Bogotá, por ejemplo, hay casi 73.000 de estos vehículos matriculados ante el Ministerio de Transporte, es decir, el 62 por ciento de los que hay en el país, según el Ministerio.

Esta propagación de placas blancas se ha convertido en una competencia para los 52.000 taxis autorizados en la capital y ha desencadenado polémicas como la de los de Uber, una aplicación tecnológica que les permite a los clientes solicitar servicios de transporte personalizado con este tipo de automotores.

Revolcón para empresas
La firma del decreto transformaría el negocio tal y como viene funcionando hasta ahora, pues dejaría en manos de las empresas la contratación de conductores, el pago de salarios y prestaciones sociales y el manejo de los contratos de transporte escolar, empresarial o de turismo.

Hoy, las empresas pueden vincular cualquier vehículo y les pagan a los propietarios, quienes se hacen cargo del pago a los conductores, el mantenimiento, el combustible y seguros, entre otros. Pero con la nueva norma se tendrían que conformar con cobrar un arrendamiento, sin poder decidir quién conduce el carro o cuántas horas circulará.

“Para nosotros puede ser peor, porque si las camionetas trabajan horas extras, no podremos cobrar extra y las empresas se quedan con esa ganancia, aunque uno es el que hace la inversión y paga los impuestos y el mantenimiento. Además, uno no sabe quién va a manejarlo ni si lo hará con cuidado o no”, explicó ÉverRobayo, propietario de tres carros.

No obstante, el decreto impone duras condiciones para las empresas, que deberán demostrar que son dueños de al menos el 50 por ciento de los afiliados (con el decreto vigente solo es el 3 por ciento), poseer mínimo 5 vehículos (hoy solo debe ser uno) y tener certificación NTC-ISO-9001 que ayudaría a evitar tragedias como la de hace 10 días en Fundación (Magdalena) en la que 32 niños perdieron la vida.

Incluso, deberán tener un capital líquido de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, (hoy son 300), más entre 7 y 15 adicionales por cada vehículo afiliado, dependiendo de la clasificación que les da el Ministerio de acuerdo con el cupo de pasajeros.
Otro requisito será el de demostrar que no solo tienen oficinas, sino un estacionamiento que pueda recibir a la flota que vincule.
Con todo esto, se desestimularía la aparición de empresas y de personas que compran carros con la esperanza de poder afiliarlos con facilidad en cualquier empresa, para evadir el pico y placa.

A Robayo no le suena la idea de unirse a otros propietarios para conformar una empresa. “El negocio del transporte público lo están acabando muy feo. Antes trabajé con taxis y pasó lo mismo. Pareciera que, poco a poco, el Gobierno busca ahogar a los pequeños propietarios para quedarse ellos con el negocio, tal y como pasó con TransMilenio”, agregó.

 Sin duda, los beneficiados son los conductores. Según Guillermo Rodríguez, quien maneja uno de esos automotores, mejorará su calidad de vida, pues dejará de trabajar 16 horas diarias. “Con un contrato con empresa, me respetarán las horas de trabajo y me pagarán las prestaciones sociales que hoy pago de mi propio bolsillo. No es fácil trabajar tantas horas extras por el mismo salario”, dijo.

Cambios principales que vienen

Las exigencias para que las empresas afiliadoras operen aumentarían si el decreto sale adelante.
Estas serían las nuevas condiciones:

1. Tener un patrimonio líquido de al menos 1.000 salarios mínimos mensuales (smmlv), más entre 7 y 15 salarios por cada carro vinculado, según la capacidad de pasajeros.

2. Tener certificación de calidad ISO 9001.

3. Contratar conductores, asignarles salario y pagar prestaciones sociales.

4. Las empresas deberán ser propietarias de al menos el 50 por ciento de los carros que vincule.

5. Los carros de terceros serán administrados por las empresas, que deben asignar un conductor y un horario, sin intervención de los propietarios.

6. Cada 6 meses deben enviar al Ministerio y a la Supertransporte todos los certificados, incluidos los estados financieros, copia de tarjetas de propiedad de los que sean de las empresas y soportes de pago a los dueños de los demás vehículos.

7. Otro proyecto de resolución también obliga a las empresas a informar al Runt sobre los utilización de los vehículos y los contratos.

 BOGOTÁ
natgom@eltiempo.com