La Fundación Piensa Verde reveló cifras sobre cómo ha afectado el conflicto armado a los bosques colombianos. En los últimos 20 años, 6.210.000 hectáreas se han perdido a causa de la guerra.
En los últimos 20 años el conflicto armado ha sido el causante de la pérdida de 6.210.000 hectáreas de bosque. Si la situación no cambia, en los próximos diez años el país podría perder al menos otros dos millones de hectáreas.
Estas cifras alarmantes fueron divulgadas por la fundación Piensa Verde, que viene trabajando para que se incluya en los diálogos de paz la discusión de cómo reparar el daño ambiental que los grupos armados y el comercio ilegal le han causado durante años al país.
Una de las propuestas de esta Fundación es que se ponga sobre la mesa de diálogo entre Gobierno y Farc temas como la minería ilegal y la tala de árboles indiscriminada, que se han convertido en otro motor del conflicto armado paralelo al cultivo y tráfico de estupefacientes.
Según el director de Piensa Verde, Daniel Quintero, el 50 % de los bosques colombianos está en riesgo por la minería ilegal, la tala de árboles y la voladura de oleoductos, causas que se suman a la ganadería expansiva que crece sin control en algunas regiones del país.
De los temas que más preocupan a Quintero es la minería ilegal, porque según este ambientalista, se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más prósperas de los grupos armados ilegales.
Quintero sostiene que en algunos territorios se ha encontrado que estos grupos cobran vacunas y les brindan seguridad a las empresas que llegan a explotar los recursos naturales o a hacer talas indiscriminadas de forma ilegal, y en algunos casos hasta les facilitan maquinaria para hacerlo.
El ambientalista sostiene que otro agravante de la situación es que la minería ilegal no es vista con malos ojos por la comunidad internacional, como sí sucede con la siembra y producción de estupefacientes, lo que ha llevado a los grupos armados ilegales a que cambien sus dinámicas de financiación.
Por eso, otra de las propuestas de Piensa Verde es que los grupos armados ilegales, en primera instancia las Farc, no solo ayuden a acabar con el narcotráfico, sino que se conviertan en guardianes de los bosques y ríos de Colombia para protegerlos de la minería y la tala de árboles que se practica de forma ilegal.
En los últimos 20 años el conflicto armado ha sido el causante de la pérdida de 6.210.000 hectáreas de bosque. Si la situación no cambia, en los próximos diez años el país podría perder al menos otros dos millones de hectáreas.
Estas cifras alarmantes fueron divulgadas por la fundación Piensa Verde, que viene trabajando para que se incluya en los diálogos de paz la discusión de cómo reparar el daño ambiental que los grupos armados y el comercio ilegal le han causado durante años al país.
Una de las propuestas de esta Fundación es que se ponga sobre la mesa de diálogo entre Gobierno y Farc temas como la minería ilegal y la tala de árboles indiscriminada, que se han convertido en otro motor del conflicto armado paralelo al cultivo y tráfico de estupefacientes.
Según el director de Piensa Verde, Daniel Quintero, el 50 % de los bosques colombianos está en riesgo por la minería ilegal, la tala de árboles y la voladura de oleoductos, causas que se suman a la ganadería expansiva que crece sin control en algunas regiones del país.
De los temas que más preocupan a Quintero es la minería ilegal, porque según este ambientalista, se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más prósperas de los grupos armados ilegales.
Quintero sostiene que en algunos territorios se ha encontrado que estos grupos cobran vacunas y les brindan seguridad a las empresas que llegan a explotar los recursos naturales o a hacer talas indiscriminadas de forma ilegal, y en algunos casos hasta les facilitan maquinaria para hacerlo.
El ambientalista sostiene que otro agravante de la situación es que la minería ilegal no es vista con malos ojos por la comunidad internacional, como sí sucede con la siembra y producción de estupefacientes, lo que ha llevado a los grupos armados ilegales a que cambien sus dinámicas de financiación.
Por eso, otra de las propuestas de Piensa Verde es que los grupos armados ilegales, en primera instancia las Farc, no solo ayuden a acabar con el narcotráfico, sino que se conviertan en guardianes de los bosques y ríos de Colombia para protegerlos de la minería y la tala de árboles que se practica de forma ilegal.
Quintero sostiene que en un eventual proceso de desmovilización sería más provechoso para el país que estos hombres que conocen la geografía y las selvas colombianas se encarguen de proteger los ecosistemas, en lugar de llevarlos a la ciudad donde sus oportunidades de surgir son menores.
Otro de los llamados que está haciendo Piensa Verde es que no se incluya dentro de la reforma agraria que impulsa el Gobierno los bosques naturales ni las zonas protegidas. Esto porque existe el temor de que si entran en esta repartición para reparar a las víctimas puedan ser usadas para la agricultura y la ganadería expansiva. “La paz hay que conseguirla pero no a cualquier precio” Quintero.
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