La Ley 1503 del 29 de diciembre de 2011 tiene por objeto definir lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover la seguridad en las vías.
En consecuencia, se espera la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública.
Según Néstor Sáenz, ingeniero en transporte y docente de la UN, la normativa expedida por el Congreso es un documento excelente desde el punto de vista de las responsabilidades y derechos de las personas, así como de la labor de control que deberían hacer las autoridades.
No obstante, la falta de articulación entre la academia, instituciones públicas y operadores privados hace que la tarea no sea tan fácil como se dictamina en el papel.
“Para que la ley opere, es necesario que se llegue a consensos entre estos tres sectores. El primero, con estudios serios; los segundos, con acciones concretas de control; y los terceros, con el cumplimiento de las reglas”, dice el experto.
Si bien los Ministerios de Transporte y de Educación tienen un plazo de doce meses para reglamentar la ley y para presentar las orientaciones y estrategias pedagógicas, hasta la fecha no se evidencian avances significativos.
Según Sáenz, incluso las autoridades de tránsito, en su mayoría, no conocen bien la nueva norma. Por eso, el llamado es para que las autoridades la hagan más visible y la difundan y para que analicen con atención los planteamientos que entregan universidades como la UN, en donde existe una especialización en seguridad vial en la que se plantean ideas para reglamentar la nueva ley.
Algunos detalles
• La nueva Ley de seguridad vial exige la enseñanza de las normas de tránsito desde la edad preescolar, de manera sistemática.
• El Gobierno creará el portal web de seguridad vial como una herramienta para informar sobre las investigaciones y avances en la materia, así como sobre el reporte de siniestros de tránsito y el de experiencias positivas.
• Las entidades territoriales emitirán la tarjeta de compromiso personal con la seguridad vial. Esta será para el uso de los funcionarios y servidores públicos, peatones o transeúntes, pasajeros y conductores en general.
• Todas las entidades territoriales elaborarán un mapa de siniestralidad vial con el propósito de determinar de manera específica los puntos cruciales en que se requiere la intervención pública y las estrategias para lograr mejorar los índices de siniestralidad vial detectados.
• Todos los planes de desarrollo incluirán capítulos específicos sobre medidas en pro de la seguridad vial, en la respectiva entidad territorial, con el correspondiente presupuesto.